El miedo a fracasar, o a que las cosas no salgan como esperábamos, es uno de los principales lastres que arrastramos a la hora de emprender en nuestro país. Al mismo tiempo, esta actitud frente al fracaso se asocia comúnmente a una mala gestión del negocio o a la pérdida de oportunidades económicas, convirtiéndose así el fracaso en una “mancha” en nuestro expediente.
No obstante, un fracaso empresarial no tiene por qué ser algo negativo, y si bien lo miramos con perspectiva de una mayor experiencia, quizá el fracaso es la única herramienta que nos puede proporcionar aptitudes y conocimientos plenamente competitivos para continuar nuestro desarrollo profesional y empresarial.
Y es por todo ello que, allá por el año 2003, el Legislador de nuestro país llevó a cabo la reforma en nuestro Derecho de los procedimientos Concursales, siendo estos la rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto dar tratamiento a las situaciones de insolvencia, de empresas y particulares que emprenden su travesía en el tejido empresarial español, desembocando la creación de una figura clave para el desarrollo económico de nuestro país: el Concurso de Acreedores.
El Concurso de Acreedores es una herramienta muy necesaria en nuestro país, mediante la cual se puede instar un procedimiento judicial que permite, tanto a una empresa como a un particular que se encuentran en situación de insolvencia, es decir, que no pueden hacer frente a sus deudas, negociar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda o liquidar sus bienes de forma ordenada y equitativa.
Dado ello es que, el objetivo principal que por el Concurso de Acreedores se pretende, radica en la protección económica de los intereses de los acreedores equiparando las oportunidades para ver satisfechos sus créditos, a la par que busca facilitar la recuperación económica de la empresa o particular, dadas las serias dificultades financieras o estructurales que atraviesan, intentando con ello conseguir la continuidad de la actividad económica y evitar así la quiebra de la empresa.
Junto con ello, el propio Concurso de Acreedores integra una serie de procedimientos especiales que permiten el ejercicio pleno del espíritu de la Ley Concursal, como son el procedimiento para microempresas y la Ley de Segunda Oportunidad.
En primer lugar, el procedimiento para microempresas es un procedimiento abreviado, diseñado específicamente por la Ley para aquellas empresas de pequeño tamaño, y que busca la simplificación de los procedimientos concursales a través de la celeridad y rapidez de los trámites que forman parte de los Concursos, con el correspondiente abaratamiento en los costes que ello lleva implícito.
Este tipo de procedimientos se ha regulado conscientemente por el Legislador dada la importancia de las pequeñas empresas en el tejido empresarial español (constituyen en torno al 94 por ciento de las empresas españolas), encontrándose en la propia Ley los requisitos que nos permitirán acceder al Concurso de Acreedores por este camino mucho más flexible y ágil.
Finalmente, la Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y/o autónomos en una situación de insolvencia grave, y que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley, la renegociación de sus pasivos mediante la cancelación parcial o total de las deudas contraídas, obteniendo así lo que se conoce como Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) que les permite comenzar de 0 sus aventuras profesionales.
En definitiva, el Concurso de Acreedores es un procedimiento complejo y delicado que requiere de un asesoramiento jurídico especializado para garantizar el éxito de este. La nueva legislación sobre el Concurso de Acreedores en España introduce importantes cambios que afectan tanto a empresas como a particulares, y es importante estar al tanto de estas novedades para poder tomar las decisiones más adecuadas en cada caso.
Pablo Valle
